El grupo chileno Ultramar –un peso pesado de los negocios logísticos de Sudamérica- concretó finalmente la compra del 30% de las acciones clase A de Terminal Puerto Rosario SA (TPR).

Y su desembarco, además de disparar una millonaria inversión en dólares para la infraestructura portuaria, significa la llegada de un operador internacional –que sólo en servicios factura u$s 3.000 M al año- con el know how necesario para hacer llevar a las grandes ligas los negocios de las concesionarios I y II del puerto local.

El presidente de TPR, Carlos Bello, y el director de la empresa y referente de Vicentín, Gustavo Nardelli, recibieron ayer a punto biz para explicarle los detalles del entendimiento (cuyo monto se mantiene en reserva) que fue rubricado por las partes hace 15 días. Además, ya se iniciaron los trámites formales de validación en el Ente Administrador del Puerto Rosario (Enapro).

Como se tejió el negocio

En rigor, no es nuevo el interés por el puerto de Rosario de parte del grupo Ultramar, uno de los principales grupos empresarios chilenos e indiscutido referente portuario con participación accionaria en 8 puertos (incluido el de Montevideo en Uruguay) y operaciones logísticas en 20 terminales a lo largo de toda la costa del país trasandino.

Pero pese a que fue sondeado e interesado para que ingrese en varias oportunidades, recién con la aparición de Vicentín (a través de Aopsa) en el control accionario de TPR vio la estabilidad institucional necesaria para que las conversaciones dejen de ser preliminares.

“Hay que aclarar que Vicentín no vendió nada y que seguimos teniendo la mayoría accionaria”, resalta Nardelli. En efecto, las acciones que se vendieron fueron las de la sociedad española InterRosario Port Services, empresa que tenía ese 30% de las clase A, que según el pliego de concesión de 2002 debían ser las del “operador portuario”.

En el momento de la licitación, TPR era un conglomerado institucionalmente gaseoso de inversores locales conducidos por Guillermo Salazar Boero con el 70%. En tanto, al 30% de las acciones clase A -el Enapro de aquel entonces conducido por María Herminia Grande- las presentaba como en manos del Puerto de Tarragona.

En rigor se trataba de un grupo de empresas de Tarragona, algunas vinculadas a la actividad portuaria, y otras con operaciones en los puertos (como una cementera), que llegaban bajo el paraguas de aquella terminal, pero que no tenían participación accionaria en TPR.

No sólo -como en muchos otros puntos- se incumplió el pliego porque atrás no había ningún operador internacional que garantizara el know how al puerto, sino que la incursión fue un fracaso. A los españoles el negocio no les aportó mucho (ninguna carga llegó desde Rosario a esa terminal catalana y tampoco hicieron negocios ni desembarcaron en la región) y encima, tras una ampliación de capital realizada por Salazar Boero en una polémica asamblea de 2005, terminaron en la Justicia.

Fue ahí cuando Jordi Pujol (h), histórico referente político catalán, y quien había fogoneado el negocio, comenzó a hacerse cargo de esa acciones y las fue concentrando. Varias veces y a distintos grupos intentó venderlas, pero nunca le terminó de cerrar el negocio.

Pero con la llegada de Vicentín, la situación en el puerto comenzó a mejorar. No sólo institucionalmente, normalizando la concesión y levantando la empresa, sino también operativamente, ya que con desembolsos de más de u$s 20 M se incorporó maquinaria, se mejoró la infraestructura y se avanzó en productividad operativa.

“Vicentín no estuvo al margen de este proceso de venta. Participó activamente y lo condujo. Ya que el grupo español tenía la decisión de vender y retirarse del negocio, buscamos un socio con el que tengamos afinidad empresaria, historia similar y comunidad de interés y proyecto para invertir y levantar al puerto de Rosario y ahí apareció que lo mejor era conducir el proceso para que llegue Ultramar”, resaltó Nardelli.

Es que hay similitudes entre ambas compañías. Por ejemplo, pese a su gran crecimiento, siguen siendo familiares. Ambas tienen 60 años de trayectoria (Vicentín tiene 80 años, pero 60 años de balance).

La negociación insumió varios meses y no fue fácil. Pero no por el entendimiento en las cuestiones del negocio, sino por la gran cuota de incertidumbre macroeconómica que genera la Argentina para los inversores extranjeros, ya que las medidas de restricción cambiaria, giro de utilidades y cepo a las importaciones hacen que sea más difícil que una empresa internacional decide hacer inversiones en el país.

Fuente: punto biz