El astillero de Punta Alvear con una inversión privada de u$s 57 millones está en plena producción. Ya se han fabricado 25 barcazas de carga líquida de 2.500 toneladas. Con este nivel de trabajo, cada nueve días promedio se está botando una unidad.
Este ejemplo de eficiencia fue reflejado por Miguel Ángel Álvarez, secretario Ejecutivo de la Cámara Santafecina de la Industria Naval (Casin). El directivo disertó en el V Encuentro Argentino de Transporte Fluvial, llevado a cabo en Rosario.
Casin fue fundada por más de 30 empresas que operan en Santa Fe. Por su ubicación geográfica y la magnitud de sus operaciones portuarias, la provincia se ha posicionado como un nuevo polo de desarrollo para la industria naval nacional, con aporte de innovación tecnológica de última generación en sus nuevos emprendimientos.
"Uno de los problemas que debemos solucionar en forma urgente es el trámite de matriculación de las unidades para incorporarlas a la bandera nacional. Hoy es extenso y causa perjuicios económicos tanto para el armador como para los constructores. Desde Casin hemos gestionado para que se agilicen los trámites porque este problema implica por la demora tener que incorporar las unidades a otra bandera afectando económicamente a los astilleros porque al exportar las barcazas se pierde el derecho de percibir el 14% sobre la producción nacional de bienes de capital que rige en la actualidad", recalcó Álvarez.
El directivo señaló la necesidad de sancionar una Ley de Marina Mercante e Industria Naval que contemple un fondo nacional de prefinanciamiento y crédito de construcciones navales.
Asimismo, bregó por el diseño de un plan nacional de construcciones navales, "basado en las reales necesidades de la flota nacional y regional, así como en la proyección de crecimiento futuro, por ejemplo, en casos como la explotación offshore". También pidió liberar la importación a arancel cero de chapa naval y equipos no fabricados en el país destinados a la construcción naval.
"Hay que derogar la obligación aduanera de importar temporalmente las embarcaciones extranjeras destinadas a transformaciones o grandes reparaciones, sustituyendo el régimen por uno adecuado a las necesidades y particularidades de la industria”, aseveró Alvaréz.
“Al mismo tiempo, se debe mantener el reintegro del 14% sobre bienes de capital producidos en el país a la industria naval para embarcaciones destinadas al mercado interno, en forma independiente de la excepción de arancel cero a los bienes de capital", agregó.

Sin importación

Para el secretario Ejecutivo de Casin, resulta imprescindible propulsar en las negociaciones regionales la prohibición de importación de barcazas nuevas y usadas extrazona, llevando la iniciativa a las reuniones del Mercosur y del Acuerdo de la Hidrovía Paraguay Paraná.
"Se siguen incorporando a la flota fluvial barcazas usadas obsoletas en su país de origen con un alto potencial de siniestrabilidad, amenaza a la seguridad de la navegación y posibilidad de daño ambiental", manifestó Álvarez.
Como hecho destacado, eldirectivo señaló que el Estado, a través de sus astilleros Tandanor a nivel nacional y Río Santiago en la provincia de Buenos Aires, cuentan con una capacidad instalada muy importante y mano de obra calificada.
Por esa razón, indicó, "bien podrían usarse con todo su potencial para construir barcos para la bandera nacional y crear una empresa nacional de bandera Argentina y así recuperar una parte importante del flete que hemos perdido en los últimos años".
A pesar de estos puntos a ajustar, el secretario de Casin consideró que "estamos ante una posibilidad cierta de recuperación de la industria naval argentina. De este escenario participarán astilleros, pequeños constructores, talleres navales, fabricantes naval-partistas, subcontratistas, proveedores, ingenieros y profesionales, obreros navales. Son una serie de actores relacionados con la actividad que en forma directa o indirecta impulsarán la reactivación de la industria y la creación de puestos de trabajo".
A nivel nacional, Casin ya se incorporó a la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), integrante a su vez de la Unión Industrial Argentina, y la Unión industrial de Santa Fe. Uno de sus objetivos es constituirse en un canal de comunicación abierto con los poderes públicos y las instituciones privadas relacionadas con la actividad naval y la marina mercante.
A fines de 2010, la industria naval renovó su reclamo. Encabezada por los gremios a través del sindicato de obreros navales, SAOM, Sinra, SOIN y las cámaras empresariales nucleadas en la FINA, Casin y la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN), elevaron a las autoridades nacionales el pedido para la creación de la Dirección de la Industria Naval Argentina, cese de la importación de buques y artefactos navales usados, financiación para la industria naval y ley de Marina Mercante e Industria Naval.