Hasta ahora, parecía que el Gobierno impulsaba el proyecto de ley del diputado oficialista Gastón Harispe, a través de la sonora promoción del subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tettamanti. Ambos coronaron su movida el martes último en el Congreso, con un seminario del que participó hasta el vicepresidente Amado Boudou, Julián Domínguez, Carlos Kúnkel...

Pero el viernes, durante el ciclo Almirante Storni que organizó la Liga Naval Argentina, otro diputado oficialista salió al cruce: Gustavo Martínez Campos (FPV-Chaco), un viejo militante y conocido del jefe de Gabinete Jorge Capitanich, declaró estar coordinando un equipo de trabajo con el secretario de Transporte, Alejandro Ramos y el presidente del Consejo Portuario Argentino, Sergio Borrelli, "en el proyecto de ley que presentará el Ejecutivo" tanto para la marina mercante como para la industria naval.

Ramos es el jefe directo de Tettamanti. Borrelli, interventor de la Administración General de Puertos, es el hombre preferido del ministro Florencio Randazzo para hablar de puertos y transporte marítimo y fluvial. Más datos sobre la desconexión política entre Tettamanti y el Ejecutivo serían redundantes.

La última jornada del ciclo Almirante Storni estuvo dedicada al análisis del sector naviero argentino y de la industria naval local. Disertaron Jorge Álvarez, presidente de la Cámara Naviera Argentina y de la Confederación Empresaria del Transporte (CET), por un lado, y Miguel Álvarez, secretario ejecutivo de la Cámara Santafesina de la Industria Naval (Casin) y vicepresidente de la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA).

Jorge Álvarez, reclamó una visión "amplia y realista" y abandonar los "preconceptos", Y detalló los inconvenientes que enfrentan las empresas argentinas para operar en el transporte marítimo y fluvial.

Casi respondiendo al argumento brindado el martes anterior en el Congreso (que la Argentina pierde casi US$ 7000 millones de fletes), Álvarez dijo: "Para exportar la cosecha hacen falta más de 1000 viajes de buques Panamax, que tiene un costo de charteo diario de US$ 7000, y de US$ 10.000 si se lo chartea por 24 meses. Si ese buque fuera de bandera argentina, su costo diario sería de US$ 20.000, y de US$ 25.000 si fuera un buque tanque.¿Cómo anulamos esa diferencia de costos?", preguntó.

Luego, enumeró costos "indirectos" que impiden el desarrollo: no hay crédito y de incentivos impositivos, y un combustible más caro que la competencia paraguaya, además de las trabas aduaneras y problemas con las DJAI para conseguir repuestos", resumió.

Asimismo, indicó que mientras la compraventa y el alza y baja de un barco en un registro internacional demora días, en la Argentina "se tardan por lo menos seis meses y se dan intervenciones a organismos cuyos inspectores nunca se subieron a un barco". Certificados del INTI, libre deuda impositivo con inspección integral para importar, autorización de DJAI, licencias de radio nueva validadas por la Secretaría de Comunicaciones y el pedido al Banco Central para girar divisas completan "el calvario que recorre el armador nacional", que ni siquiera tiene acceso "local o internacional al crédito".

Para el ejecutivo, reactivar al sector implica "abrirse a los capitales y dar incentivos a las inversiones" y no "pedirle recursos al Estado, de su presupuesto, para financiarlo".

En tanto, Miguel Álvarez advirtió sobre "los funcionarios que nos hacen mirar para atrás". "Si uno no los conociera... Pero son viejos conocidos", deslizó en referencia a Tettamanti, a quien criticó duramente por impulsar un proyecto de ley "que fracasó como decreto de necesidad y urgencia, que no tiene ningún consenso, y que refleja los intereses personales de unos pocos que pretenden sacar de competencia a los astilleros competitivos".

Miguel Álvarez destacó que ningún proyecto presentado responde al Ejecutivo, y fustigó además el "lobby y las movilizaciones que impulsa el subsecretario en favor del proyecto de Harispe". "La prueba más contundente de que no existe el consenso general es la cantidad de proyectos presentados", destacó.

Luego de tildar de "puesta en escena" el seminario realizado en el Congreso, y en tren de evidenciar las contradicciones del grupo de presión de Tettamanti, recordó que mientras los funcionarios destacan "lo mucho que se construyó y cómo se recuperó el sector", el presidente de FINA, Juan Torresín, manifestó al lado de ellos que "los astilleros tienen una capacidad ociosa del 80%".

"El presidente de Tandanor (Mario Fadel) dice que hay que seguir discutiendo y yo le recuerdo a él y a Torresín que este proyecto se discutió como DNU en la FINA pero, cuando presentamos nuestras propuestas y advertimos lo perjudicial de la condición del 51% de capital nacional para acceder a los beneficios, nos rechazaron. Tettamanti tienen intencionalidad en este punto, quiere sacar de competencia al único astillero competitivo en barcazas, Punta Alvear, porque compite con el suyo, Alnavi, de Campana. Si este proyecto sale, con fondos reclamados del Presupuesto, vamos a volver al Fondo de la Marina Mercante, con préstamos nunca devueltos y barcos que costaban siete veces más caros", manifestó.

Pero sin dudas, el cierre del ciclo rompió todos los esquemas, cuando habló el chaqueño Gustavo Martínez Campos: "Es triste el estado de la flota actual, pero más triste es formar parte de un escenario que carece de la grandeza de buscar un real consenso y unidad nacional para lograr una flota mercante al servicio del desarrollo regional", arrancó.

Desde su rol de secretario a su vez de la Comisión de Intereses Marítimos en Diputados, Martínez Campos convocó a Ramos, Borrelli y "otros funcionarios como Sebastián Agostini (ministro de Industria de Chaco) para presentar, desde el Poder Ejecutivo, un proyecto de ley oficial".

El diputado pidió "ordenar y priorizar los objetivos" y anticipó: "Encontramos en el secretario Ramos y en el Ministerio de Interior y Transporte el ámbito y la decisión política para abordar este problema de manera urgente, pero con un proyecto sustentable, que incorpore además el desarrollo portuario integral", dijo, ante un auditorio confundido respecto de la política oficial. O si es oficial la política del tándem Tettamanti-Harispe.

INDUSTRIA NAVAL

"Pueden tomarse medidas inmediatas, como liberar la importación de chapa o derogar la obligación aduanera de que los buques para reparación entren como importación temporaria, o bien prohibir la importación de barcazas usadas extrazona. También se puede crear un fondo de financiamiento creado a partir de los fletes de importación, o pensar en alguna reserva de cargas para el cabotaje. Pero son todas medidas que requieren consenso", advirtió el secretario ejecutivo de la Cámara Santafesina de la Industria Naval (Casin), Miguel Álvarez, tras lo cual cargó contra Miguel Sánchez, titular de ABIN: "Es un empleado del subsecretario (en SPI Astilleros) que se la pasa diciendo que todos fuimos consultados. Es una mentira grandísima. Renegamos no ser escuchados. Ni en esa Mesa de la Concertación ni en la FINA, que perdió toda representatividad, porque tres de las cámaras que la integran se oponen duramente al proyecto de ley que están apoyando", indicó el empresario naval.

MARINA MERCANTE

No más reuniones inconducentes

"No realicemos más reuniones multitudinarias e inconducentes, como las que nos tienen acostumbrados, porque no surge nada positivo de allí salvo encendidos discursos políticos y gente que se escucha a sí misma, y siempre nos vamos con los mismos preconceptos", señaló el presidente de la Cámara Naviera Argentina, Jorge Álvarez.

"Propongo que se convoquen a los expertos del sector. Hay especialistas con trayectoria internacional como los del Cippec, que conocen las dificultades para el desarrollo de la flota mercante nacional. Tomemos en cuenta la opinión de todos los actores, de los empresarios, los sindicatos, la industria naval... Pero de ninguna manera se pueden privilegiar intereses particulares o sectoriales, como vemos hoy. Debemos decidir con fundamentos, no con ideas personales, legislando para futuro, no mirando al pasado, y atendiendo la velocidad de los cambios de escenario mundiales. Sólo así recuperaremos la flota", concluyó.

NUEVO PROYECTO

"Tengo dos carpetas"

"Tengo dos carpetas -dijo Gustavo Martínez Campos- con los borradores de una ley marina mercante y otra de industria naval. Vamos a impulsar primero la ley de marina mercante", avisó Martínez Campos. Pidió, además, a la Liga Naval que sea de ámbito de trabajo para las reuniones del "gabinete de políticas públicas" para ambos sectores "integrado por los trabajadores, los empresarios, las universidades y el poder político". Martínez Campos reclamó que "la autoridad de aplicación de la nueva ley sea la Secretaría de Transporte" y dijo que propondrá la "creación de un registro especial de armadores, con el secretario de Transportes como autoridad", y que "todos los inscriptos gozarán de los mismos beneficios". Abogó por la exención a los impuestos en los combustibles y que se permitirá "chartear en los términos del 1010, pero con la Secretaría de Transportes como autoridad de aplicación". "Propongo que empecemos a reunirnos a la brevedad para arribar a un proyecto de ley definitivo para que, este año, podamos sacar una ley de la marina mercante", concluyó. Finalizado el ciclo, miembros del equipo del diputado Martínez Campos inscribían a los asistentes interesados en participar del foro permanente para debatir los borradores de ambas leyes"..

Fuente: Emiliano Galli - La Nacion