En agosto de 2020 el presidente Alberto Fernández firmó en la provincia de Santa Fe el Acuerdo Federal de la Hidrovía Paraguay-Paraná. En su discurso describió la hidrovía como “un canal de desarrollo para muchas provincias y para muchos productores norteños de la patria, ese norte que sistemáticamente fue olvidado”, y agregó que “a llegado la hora de que la Argentina crezca con otro equilibrio, que el desarrollo no sólo esté concentrado en el puerto de Buenos Aires, sino que se distribuya en cada lugar del país”.

Para lograr ese objetivo, se creó el Consejo Federal de Hidrovía, integrado por representantes de los Ministerios del Interior, Desarrollo Productivo y Transporte, y de las, provincias de Buenos Aires, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe, cuya primera reunión, de alcance federal e intersectorial, se realizará el próximo 22 de febrero en Rosario.

De esta primera reunión participarán como invitados representantes de cinco ministerios, siete universidades nacionales, cámaras de productores, fuerzas de seguridad y asociaciones civiles, con el propósito de coordinar la planificación estratégica de un transporte fluvial integrado y federal.

El temario fijado por la resolución para esta primera reunión estará centrado en cuatro puntos: la constitución formal y presentación del Consejo Federal de la Hidrovía, la enunciación de los objetivos del mismo, la presentación del informe de gestión sobre el estado actual de la concesión de la Hidrovía Paraguay-Paraná por parte del Ministerio de Transporte y la convocatoria de la próxima reunión y elaboración del orden del día.

La Hidrovía Paraguay-Paraná fue concesionada en 1995. Desde entonces, pasaron 25 años y varios gobiernos y nos toca a nosotros confeccionar los pliegos de una nueva licitación cuyo llamado será dentro de treinta días, sin que esté prevista una prórroga de la actual concesión, expresó el Ministro Meoni para Telám

Se trata de una licitación compleja en la cual venimos trabajando, que requiere de un cuidadoso tratamiento técnico y un desarrollo orgánico y soberano de las políticas de Estado que comprendan las condiciones necesarias de una Argentina productiva.

Para que la palabra “federal” actúe no sólo en el discurso sino sobre la geografía y las economías regionales de nuestro país, necesitamos agregar al tramo entre Santa Fe y el Océano una infraestructura adecuada para la conexión entre Santa Fe y Confluencia, ese “norte olvidado” en el que se navega sin dragado ni balizamiento. Debemos nivelar servicios y condiciones igualitarias de seguridad para que todas nuestras provincias puedan contar con un sistema de transporte de carga integrado.

En paralelo con el proceso de licitación para la explotación de la Hidrovía Paraguay-Paraná durante los próximos años, vamos a crear de una agencia nacional que funcionará de inmediato como órgano de contralor de las obligaciones del concesionario, lo que nunca ocurrido en los últimos 25 años.

Desde el Ministerio de Transporte de la Nación crren que el Estado debe ejercer sus plenas facultades como garante de los contratos y los recursos públicos que firma en nombre de sus ciudadanos.

La estructura y la dinámica del transporte fluvial son factores claves de la Argentina productiva que estamos impulsando. Necesitamos ampliación de las rutas, mejores condiciones de navegación y estudio exhaustivo de nuestros ríos.

En el sentido de esta orientación estratégica creamos una unidad ejecutora para el desarrollo del canal Magdalena. Es una iniciativa lamentablemente archivada en 2016, que hoy cuenta con decisión política y presupuesto para llevarla adelante. El cronograma de ejecución implica celeridad en la licitación y en el inicio de obra, cuya finalización está programada para el año 2023.

Este proyecto, inexplicablemente postergado, implicará dragado de profundización, balizamiento y mantenimiento del canal Magdalena, con salida mediante hidrovía al Atlántico por aguas argentinas y su vinculación con puertos atlánticos fluviales. De esta manera podremos unir el Río de la Plata con nuestro litoral marítimo, configurando un corredor logístico nacional que garantice la integración de nuestras costas y el interior fluvial.

"Creemos que el Estado debe ejercer sus plenas facultades como garante de los contratos y los recursos públicos que firma en nombre de sus ciudadanos" aseguró Meoni.
Si bien la utilización actual del canal de Punta Indio (que el desarrollo del Magdalena reemplazará en el futuro) no implica pérdida de soberanía con Uruguay debido al uso común de las aguas desde el Tratado del Río de La Plata de 1973 y el control soberano de cada prefectura, es necesario encontrar alternativas de navegación debido a que se trata de un canal de única vía que beneficia a Montevideo en cuanto a prestación de servicios de los barcos en espera.

La navegación de nuestros ríos implica un compromiso de equidad con todas nuestras geografías y nuestras economías, que no deben distribuirse como un archipiélago sino como una Nación integrada, productiva y justa en el empleo de sus recursos. Es por eso que el Gobierno llevará adelante un proceso de licitación transparente, de compromiso irrestricto con el cuidado del medio ambiente y definitivamente soberano en beneficio de sus ciudadanas y ciudadanos

Fuente: Telam