Jorge Álvarez, un directivo de larga trayectoria en los ámbitos armatorial y naval, brindó un análisis crudo de la realidad del sector naviero, complementado luego por la visión de Miguel Álvarez, que desmenuzó los desafíos que enfrenta el sector naval.

Ambas visiones empresarias aportan un tamiz necesario en tiempos en los que llegó al Congreso un proyecto de ley para reactivar y promover la marina mercante y la construcción de artefactos navales.

Jorge Álvarez, integrante de Ultrapetrol, habló "a título personal" y recordó los tiempos de "discrecionalidad y nube ficticia" que caracterizaron al Fondo de la Marina Mercante y a ELMA, que "no tenía ni los buques necesarios para hacer frente a la revolución impuesta por los contenedores en los tráficos marítimos", al tiempo que los astilleros quedaban expuestos a "armadores que no devolvían los préstamos".

"Veo una copia de aquellos tiempos hoy, con pequeñas modificaciones. Escucho discursos encendidos sobre soberanía y futuro promisorio. Pero hay un enfermo grave, y es la marina mercante. Tengo una experiencia de décadas en el sector y en el grupo que más ha invertido en la Argentina en el sector naviero y en la industria naval. Y estamos absolutamente decepcionados", subrayó.

Jorge Álvarez recordó que "todos" colaboraron en el proyecto de ley que se presentó en el Congreso -y que lleva la firma del diputado Gastón Harispe (Buenos Aires-Frente Nuevo Encuentro), presente en la jornada de la Fempinra- pero destacó que "no todos estamos de acuerdo, y lo decimos públicamente para que no haya confusiones ni digan que estamos trabajando a espaldas de nadie", manifestó.

"El actual proyecto no va a suceder -sentenció- porque para tener una industria naval necesitamos armadores a los que tenemos que darles la oportunidad de invertir. Este proyecto no la da", indicó.

INVERSIÓN MILLONARIA

Ante un panorama donde la mayor parte de los buques en el cabotaje nacional son extranjeros conwaiver o charteados, y con una presencia rotunda de la flota paraguaya en la hidrovía, Álvarez advirtió que hace falta "una inversión espectacular si se quisiera contar con una flota similar a la paraguaya, de más de 2000 barcazas: por lo menos estamos hablando de hasta US$ 3000 millones de inversión; y si quisiéramos una flota mercante para el tráfico de contenedores regional, e ir al mundo como con ELMA, se necesitan no menos de 15 portacontenedores, 30 graneleros y otros tantos tanqueros. Es decir, otros US$ 3000 millones".

"¿Quién va a invertir si el proyecto de ley dice que el 51% del capital social de los armadores tiene que ser nacional? ¿Qué empresario argentino tiene ese dinero para rearmar una flota mercante? ¿Qué empresario, después, va a construir sus buques en astilleros nacionales? Y se los digo como integrante de un grupo que construye en astilleros nacionales 80 barcazas por año, sin ningún apoyo del gobierno nacional", dijo Álvarez.

Para el dirigente empresario, la ausencia de un clima de inversiones es la principal traba. "Si un armador fluvial, de cualquier origen, quiere poner una empresa, ¿dónde lo hace? ¿Acá o en Paraguay, donde por 5 años no se paga impuesto a las ganancias, que tiene una alícuota del 15% en lugar del 35%, entre otros incentivos?", preguntó.

Álvarez disintió con cierto discurso voluntarista que proclama la aprobación de la ley en cuestión para el año que viene: "Va a ser difícil por los problemas fiscales y presupuestarios, además de los temas en los que no hay acuerdo todavía". No obstante, indicó que podrían cambiarse algunas cuestiones con medidas rápidas y efectivas, con carácter de DNU o resoluciones. Y apuntó a una reserva de cargas para la bandera nacional.

"El Estado volvió a estar presente, con empresas y subsidios. No hace falta una ley de reserva de cargas para las cargas de exportación e importación, que podría hacer que los cargadores se sientan perjudicados. Pero sí una reserva para aquellas cargas beneficiadas con subsidios y beneficios fiscales, y compradas por el Estado nacional. El petróleo que compra el Estado, que consumimos y pagamos con nuestros impuestos, llega en buques de bandera extranjera. Este podría ser un beneficio inmediato para el armamento y la industria naval nacional", propuso.

Otra medida "rápida" sería la exención impositiva sobre los combustibles, para que el empresario nacional "no pague más caro el combustible que los extranjeros".

Respecto de la importación de buques usados, recordó que el régimen "temporal" impuesto por el decreto 1010/04 equivale a "millones de dólares girados al exterior, todos los años, por alquiler de buques que podrían incorporarse a la bandera nacional y que no le ocasionan inconvenientes a la industria naval, porque ya están acá operando", indicó, tras advertir que el pago del "50 % de impuesto para importarlos, más las trabajas burocráticas de Aduana y Prefectura" atentan contra esta posibilidad. "Habría que dejar importarlos por dos años, con arancel cero, y así se reconstruye por lo menos la marina de cabotaje" y la industria naval de reparación.

Al mismo tiempo, abogó por un reclamo común a toda la industria nacional: la licencia de importación inmediata para todos aquellos repuestos e insumos que necesita la industria naval y que no tengan fabricación nacional.

"Necesitamos un segundo registro -agregó Álvarez- donde los convenios colectivos no se vean afectados. Un segundo registro para tráficos internacionales, no para el cabotaje, sino para competir en la hidrovía, en los tráficos con Brasil y en los internacionales", puntualizó.

PARTICIPACIÓN Y CONSENSO

La alocución de Álvarez terminó con un dato relevante: en la presentación realizada en el Congreso sobre el proyecto de ley impulsado por el subsecretario de Puertos y Vías Navegables Horacio Tettamanti, "no había ni un solo armador; están bien los discursos y las palabras amables, pero las queremos ver plasmadas. De lo contrario seremos convidados de piedra en mesas de pocos", concluyó.

Por su parte, Miguel Álvarez, secretario ejecutivo de la Cámara Santafesina de la Industria Naval (Casin), abogó por "fijar posiciones y llamar a las cosas por su nombre".

"Cuando lanzamos la Cámara, hace 4 años, lo hicimos con las siguientes propuestas: una Dirección de la Industria Naval que funcione en el ámbito de la Subsecretaría de Puertos y Vías navegables; el diseño de un plan nacional de construcción naval basado en las necesidades de nuestra flota y con proyección a los segmentos de crecimiento, como el off shore ; liberar la importación, con arancel cero, de la chapa naval y los equipos no fabricados en el país; derogar las importaciones temporarias para las embarcaciones extranjeras destinadas a la transformación, para lo cual no se necesita una ley, basta con resoluciones; promover la negociación en el Mercosur para prohibir la importación de barcazas nuevas o usadas porque, si no corregimos las asimetrías, no podremos competir, y si no somos competitivos nos quedamos afuera del mundo, entre otros puntos, como el apoyo a la creación de un plan nacional de financiamiento y la sanción de una ley de marina mercante. Pero seamos honestos: hoy no podemos hacer todo en la industria naval; más adelante sí. Nuestro mercado hoy es el de barcazas, remolcadores y reparaciones", resumió Miguel Álvarez. El directivo de Casin insistió también en que las principales propuestas para los sectores armatorial y naval no necesitan una ley, sino resoluciones rápidas.

"Como Cámara estamos en la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), de la cual soy vicepresidente. Discutimos mucho el proyecto de DNU elevado en su momento por el Subsecretario (Horacio Tettamanti). Está claro que la situación de hace un año y medio no es la misma ahora. Tuvimos muchas diferencias, como la que establece el 51% de capital nacional para acceder a los beneficios. Necesitamos atraer inversiones, no ahuyentarlas. Pero no vimos reflejadas nuestras observaciones en el DNU. Ahora se presentó como proyecto de ley, pero tenemos que volver a discutir casi todos los artículos. En el Congreso vamos a dar pelea ca cada punto que consideremos necesario cambiar. El país está demasiado castigado para seguir pidiendo aportes del Tesoro para financiar proyectos que quizá sólo benefician a unos pocos. Tenemos que pensar en el bien común, en favorecer a todos", señaló Álvarez.

El directivo de Casin fue más allá todavía, al referirse a la Mesa de Concertación de la Industria Naval: "Le dije al presidente de la FINA (Juan Antonio Torresín) que necesitamos una apertura mayor y que la mesa no encierra todo el pensamiento de la industria naval. Me debo a las 40 empresas que integran mi cámara. No hay que responder a una bajada de línea. No me gustan las bajadas de línea. Los consensos se crean intercambiando opiniones, no imponiéndolas. Tenemos que superar esta etapa en la Argentina", subrayó Álvarez, sin más precisiones.

"Veo con beneplácito la convocatoria al logro de consensos que hace el Jefe de Gabinete (Jorge Capitanich), pero no me cierra la actitud de otros funcionarios. En el Congreso vamos a tener la oportunidad de lograr el consenso, si nos invitan y no nos dejan afuera, señor Diputado", destacó, refiriéndose directamente a Harispe. 

La nación